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Abortar y dar vida: el argumento de la igualdad de trato

diciembre 21, 2011

La sociedad espera, pero la naturaleza no lo ordena, que sean las mujeres las que se responsabilicen fundamentalmente de los hijos (Kenneth L. Karst)

Uno de los legados de la anterior legislatura más espinosos para el nuevo Gobierno es la Ley 2/2010 mediante la que se estableció un sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, una norma cuya constitucionalidad pende ante el Tribunal Constitucional. Desde que se conociera el anteproyecto, muchos expertos y no expertos han dictaminado sobre la posible incompatibilidad de esa regulación con la Constitución y con la doctrina sentada por el propio Tribunal Constitucional a propósito de la anterior normativa sobre el aborto (sentencia 53/1985) y sobre otras cuestiones parejas. Para quienes consideran que, desde el momento de la concepción, existe una persona con derecho a la vida, el sistema de plazos es inconstitucional porque durante las primeras catorce semanas se otorga a la madre gestante libertad absoluta para proseguir o no con el embarazo. Ciertamente, el Tribunal Constitucional tiene dicho que el feto o embrión no tiene la categoría de persona sino de “bien jurídico” que el Derecho no podría desamparar completamente, como, supuestamente, se habría hecho en la Ley 2/2010. Así al menos lo ha argumentado el Partido Popular en el recurso de inconstitucionalidad que interpuso en junio de 2010.

Si el debate se plantea sólo teniendo en cuenta el alcance de la libertad personal de la mujer, por un lado, y el estatuto jurídico del embrión, por otro, ciertamente que hay buenas razones para sostener que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la ley 2/2010 es inconstitucional en algunos de sus aspectos. Pero la Constitución es mucho más que la lectura que, hasta ahora, el Tribunal haya hecho de la misma para enjuiciar una normativa concreta.

El Tribunal Constitucional pudo haberse equivocado en 1985, o bien puede haber nuevas circunstancias o argumentos que entonces no fueron suficientemente valorados. Así ocurre, a mi juicio, con la dimensión “igualitaria” de la interrupción del embarazo. Lo que quiero sostener es que una interpretación coherente de la prohibición de discriminación que establece el artículo 14 de la CE junto con la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan o dificulten la libertad y la igualdad del individuo (artículo 9.2.), han de llevar a la conclusión de que la mujer ha de ser libre de interrumpir su embarazo sin tener que alegar causa alguna hasta el momento de la viabilidad extrauterina del feto. De otro modo se la estaría discriminando injustificadamente, y, por tanto, inconstitucionalmente. 

Para ver por qué, consideren el siguiente supuesto imaginario (una adaptación libre que mezcla ejemplos de los filósofos Judith Jarvis Thompson y Jeff McMahan). Un individuo sufre una condición genética tal que hará que los hijos que tenga padezcan en su cuarto año de vida una patología fatal, sólo remediable si reciben una suerte de soporte vital que sólo el padre, por razones vinculadas a la histocompatibilidad, puede proporcionar. Ese soporte supone una conexión o uso de su cuerpo de características y consecuencias muy semejantes al embarazo. Llamemos a este individuo Herodes. Herodes y su pareja son muy escrupulosos en la anticoncepción, especialmente porque viven en un país donde el aborto está prohibido salvo para salvar la vida de la madre. A pesar de ello, la mujer de Herodes queda embarazada. La pareja no desea asumir los costes de la paternidad y dan al niño en adopción. A los cuatro años, tal y como se había pronosticado, el niño desarrolla la enfermedad y los padres adoptivos ruegan a Herodes que se conecte para salvar su vida. ¿Tiene Herodes la obligación de hacerlo?

En general, los individuos no tenemos obligación alguna de comprometer nuestra integridad física para salvar la vida de otros. Ni siquiera la de nuestros familiares más directos. Italia vivió conmocionada a finales del 2010 cuando Luisa Favoretti se negó a donar médula ósea a su hermana Paola que murió finalmente víctima de una leucemia. Aunque sea inconcebible, y seguramente un gravísimo error moral, un padre o madre se pueden negar a donar sangre a su hijo sin que quepa perseguirles penalmente ni forzarles a la extracción. Lo que en ningún caso podrían hacer es impedir la ayuda de otros. Es por ello por lo que me parece que la viabilidad extrauterina marca una frontera moralmente relevante para poder abortar, pues una vez que es posible que otros se ocupen de ese feto no deseado, la legítima renuncia a ser madre no puede conllevar la destrucción del feto.   

Lo interesante del anterior caso ficticio es que borra de la escena el enojoso aspecto de la consideración moral del no nacido: admitamos que es persona y comprobemos hasta qué punto, por comparación a otras situaciones análogas, debería existir la obligación de “ayudar a vivir” bajo la amenaza de la sanción penal. ¿Por qué las mujeres – a día de hoy las únicas que pueden gestar- y sólo las mujeres tienen ese deber de solidaridad que no imponemos a ningún otro individuo o colectivo? ¿Por qué ellas y solo ellas deben recibir asesoramiento previo a la decisión de abortar y no así todos los que se niegan a donar un órgano o tejidos con los que se podrían salvar vidas? Si no hay una respuesta satisfactoria que justifique esta diferencia de trato – y yo no alcanzo a verla- estamos ante una discriminación constitucionalmente inadmisible.

Mientras tanto, quedan dos opciones: o bien extender a todos la obligación de ser buenos samaritanos cuando ello implica el uso de nuestro cuerpo – y por esa vía haremos coherente la restricción sobre la decisión de las mujeres de abortar- o bien considerar que una interrupción voluntaria del embarazo no es equiparable a la negativa de que se ponga nuestra integridad física al servicio de quienes la necesitan para vivir. En el primer supuesto, dirían algunos, se mata al feto, en el segundo se deja de ayudar. ¿Es esta distinción moralmente relevante? Quizá lo sea, aunque el alcance que se le haya de dar es harina para el costal de otra ocasión.

Pablo de Lora

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