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Discapacidad, fetos y discriminación: ¿es el mayor plazo de la indicación “eugenésica” para abortar una forma de discriminación?

septiembre 11, 2012

La asociación Down España, así como otros grupos que representan al colectivo de personas con discapacidad, alientan al actual gobierno para que aplique la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de 2006 (ratificada por España) én cuyo artículo 10 se afirma “… el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos” y que “[los Estados] adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”. Estos grupos recalan, además, en las Recomendaciones hechas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativa al Informe remitido por España (se trata de la Sexta Sesión celebrada entre el 19 y el 23 de septiembre de 2011). Merece la pena citar la propia consideración del Comité: “El Comité recomienda al Estado parte que suprima la distinción hecha en la Ley Nº 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente”. El informe en su totalidad se puede consultar aquí.

Antes de abordar la recomendación, resulta interesante destacar que, a diferencia de España, en Estados Unidos muchos representantes de los discapacitados tienen fuertes reservas sobre la Convención, hasta el punto de urgir a los políticos estadounidenses a que no la ratifiquen pues consideran que ésta oculta una agenda “proabortista”. Así se desprende, a su juicio, de la lectura del artículo 25 donde se trata de garantizar a los discapacitados el derecho a la salud, incluyendo la “salud sexual y reproductiva”.

Como es bien sabido, desde la promulgación de la Ley 2/2010 las mujeres en España pueden abortar sin alegar causa alguna hasta la semana 14 (deben eso sí, recibir información sobre las ayudas de las que disponen para el caso de que decidan proseguir con el embarazo, y esperar tres días desde la primera visita). Más allá de la semana 14 cabe la interrupción del embarazo tanto si existe riesgo grave para la salud o la vida de la madre, como riesgo de graves anomalías en el feto. Si tales anomalías son “incompatibles con la vida” (piénsese en la anencefalia o en la agenesia renal bilateral) o en el feto se diagnostican enfermedades extremadamente graves e incurables cabe abortar pasadas las 22 semanas.

Así pues, a diferencia de un “feto normal”, al “feto discapacitado” – por decirlo así- no se le da la misma oportunidad de seguir gestando tras las catorce primeras semanas. ¿Estamos por ello ante un caso de discriminación? Down España piensa que pero yo creo que no.

Para empezar dejemos claro lo que se sostiene. Si uno enarbola la bandera de la defensa de aquellos seres humanos más “indefensos”, y considera que los fetos son sujetos de algunos derechos básicos independientemente de su dependencia orgánica de la madre, la permisión del aborto en sí es un caso de discriminación por discapacidad, y en ningún caso debería estar permitido pues no hay, bajo esta perspectiva, ninguna diferencia moralmente relevante entre quienes ya han nacido y quienes están por nacer que justifique una diferencia de trato, como no la hay para gozar del derecho a la vida entre quienes, ya nacidos, sufren del síndrome de Down y quienes no (tal vez cabría excepcionar el embarazo no consentido o el supuesto de peligro para la vida de la madre de esa regla que, bajo la apelación a la no discriminación, rechazaría en principio la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo).

Pero no es esto lo que defiende Down España. Si, pongamos, el legislador español decidiera ampliar el plazo en el que cabe abortar sin alegar causa alguna para equipararlo a la circunstancia en la que se ha detectado una anomalía o discapacidad en el feto, se habría eliminado la discriminación y Down España no tendría nada que objetar. Pero supongamos por un momento que la Ley 2/2010 hubiera permitido a todas las mujeres en España abortar sin alegar causa alguna hasta la semana 14, con la excepción de los fetos de ojos azules (vamos a imaginar que tal cosa fuera detectable) que pueden ser abortados hasta la semana 20. En este supuesto sí convendríamos en el carácter arbitrario de la distinción y en el tono discriminatorio de la regla.

Y sin embargo no creo que sea éste el caso, a mi juicio, cuando del síndrome de Down, u otras discapacidades semejantes, hablamos. En particular si las dos siguientes condiciones se dan:

a)   Las patologías o discapacidades en cuestión no se pueden detectar en los primeros estadios de la gestación y

b)   Suponen una carga objetiva para la familia o para el propio individuo.

En tales circunstancias hay una justificación para no tratar los casos de manera igual pues, sencillamente, no estamos ante iguales. Y sí, soy consciente de que queda trabajo conceptual por hacer para precisar de qué hablamos cuando hablamos de “discapacidad” o “anomalía”, pero, sobre todo, para evitar una conclusión (intuitivamente) repugnante. Y es que, con la caracterización que he hecho de los abortos que no serían un supuesto de discriminación, la condición de ser el feto mujer es, en determinados contextos, pensable como una circunstancia que justificaría un aborto más tardío. ¿Qué les parece?

Pablo de Lora

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